Fuente: La Derecha Diario

Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciara que la inoculación contra el coronavirus será obligatoria para 100 millones de trabajadoreslos gobernadores de los Estados republicanos se unieron para tomar medidas legales contra la medida.

A través de sus fiscales generales, la mayoría de los Estados presididos por gobernadores pertenecientes al Partido Republicano comenzaron a moverse en torno a las acciones legales para impedir que entre en efecto la orden ejecutiva de Biden, que obligará a todas las empresas de más de 100 empleados, a los trabajadores de la salud y a los trabajadores federales a darse la vacuna contra el coronavirus, enfrentando multas de hasta 14.000 dólares si no lo hacen.

Los primeros gobernadores en unirse fueron los de MissouriArkansasGeorgia, y Arizona, quienes ya sumaron a prácticamente todos los mandatarios republicanos del país, además de Ron DeSantis, gobernador de Florida, que presentó su propia demanda que ya obtuvo victorias en las cortes inferiores, que está más enfocada en evitar el uso de barbijo obligatorio.

En un discurso que quedará en la historia como uno de los más autoritarios jamás dichos desde la Casa Blanca, Biden aseguró que utilizará todos los medios que fueran necesarios para “quitar del medio” a los gobernadores que no acaten su decreto.

A pesar de que los gobernadores republicanos no suelen estar muy unidos, especialmente entre los que siguen más al establishment republicano y los que siguen la nueva línea trumpista, esta vez han puesto de lado sus diferencias y lucharán todos juntos en una demanda colectiva presentada ante la Corte Suprema para frenar este avasallamiento a nivel federal de los derechos estatales.

El fiscal general de ArizonaMark Brnovich, a la par del gobernador Doug Ducey, anunció que está evaluando todas las posibilidades legales a tomar para defender la soberanía del Estado y tomar las decisiones respectivas al sistema de salud por sus propios medios. A su vez, en la misma sintonía, el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, ya emitió varias demandas en contra de la administración federal y continuará evaluando las opciones legales que posee.

Casi al unísono los fiscales generales de los Estados de Georgia ArkansasChris Carr y Leslie Rutledge,respectivamente, anunciaron que se encontraban listos para defender la soberanía de su Estado y la de sus ciudadanos, mientras que el fiscal general del Estado de Indiana, Todd Rokita, se refirió a las acciones de Biden como aquellas tomadas por “un dictador de una república bananera”.

Desde el Estado de Missouri, el fiscal general Eric Schmitt tuiteó que el mandato emitido por Biden no será aplicado en su territorio y darán pelea frente a la medida, en sintonía con el gobernador del Estado Mike Parson y el senador Josh Hawley, quien además envió un petitorio al secretario de trabajo, Martin Walsh, para que ordene el cese de la medida.

Por su parte, la gobernadora del Estado de Dakota del Sur, Kristi Noem, una de las más vocales en contra del gobierno demócrata, anunció que están preparados para demandar personalmente al presidente Biden por su “medida dictatorial”. Noem cuenta con el apoyo de la mayoría del arco político del estado norteño, e incluso de algunos partidarios demócratas.

A su vez el gobernador Kevin Stitt de Oklahoma, anunció que la medida de Biden es una violación de los derechos individuales, así como también a los derechos de los Estados y también harán su caso judicial.

El gobernador de TexasGreg Abbott, estalló contra Biden señalando que el decreto representa un asalto a las empresas privadas, y a través del Fiscal General del Estado, Ken Paxton, ya se encuentran tomando acciones legales para frenar la dictatorial ordenanza del presidente.

Otros gobernadores que también anunciaron medidas legales contra Biden fueron Tate Reeves (Mississippi), Henry McMaster (Carolina del Sur), Kim Reynolds (Iowa), Kay Ivey (Alabama), Pete Ricketts (Nebraska), Mike Dunleavy (Alaska), Brad Little (Idaho), Mark Gordon (Wyoming), Doug Bargum (Dakota del Norte), Bill Lee (Tennessee), Spencer Cox (Utah), Chris Sununu (New Hampshire) y Mike DeWine (Ohio).

Además de los gobernadores, el Comité Nacional Republicano (RNC) también anunció que planea denunciar a Joe Biden y a la administración por el decreto inconstitucional, a través de su presidente, Ronna McDaniel, quien anunció que tan pronto el decreto autoritario se ponga en efecto se emitirá una demanda.

Una unión así de gobernadores en contra del presidente nunca había ocurrido en la historia del país, y marca un antes y un después en la historia democrática de Estados Unidos. Probablemente todos estos casos terminen en la Corte Suprema, y será el máximo tribunal del país, actualmente dominado por los republicanos, los que deberán decidir.

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