Fuente: Trikooba.com

La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) de Francia se pronunció este miércoles contra el gigante agroquímico Monsanto (propiedad de la farmacéutica Bayer) imponiendo una multa de 400.000 euros por presentar ilegalmente a figuras públicas, periodistas y activistas con el fin de influir en el debate público sobre la prohibición del herbicida glifosato.

El regulador, destinatario de 7 denuncias «que emanan en particular de personas afectadas por este expediente», acusa a la empresa de haber incumplido su obligación de informar a las personas, que solo se enteraron de la existencia de este tratamiento de datos cuando se reveló en los medios de comunicación en Mayo de 2019.

Según su investigación, el expediente en cuestión contenía para cada una de las «más de 200 personalidades» registradas, una «puntuación que oscilaba entre 1 y 5» que permitía «evaluar su influencia, su credibilidad y su apoyo a Monsanto en diversos temas como plaguicidas u organismos modificados genéticamente».

Políticos, periodistas, científicos o activistas ambientales figuraban en esa lista, en la que aparecían además datos personales suyos

El caso, revelado por el diario Le Monde y el canal de televisión France 2 tras una filtración de documentos confidenciales de agencias de comunicación, se extendió rápidamente por toda Europa. También existían listas de personalidades (políticos, científicos, periodistas) en al menos otros seis países (Alemania, Italia, Holanda, Polonia, España, Reino Unido) así como para las instituciones europeas, dijo Bayer.

El grupo, que afirma que el expediente ya no se utiliza tras la renovación durante cinco años por parte de la Comisión Europea de la autorización del glifosato en 2017, examina hoy la conveniencia de un recurso ante el Consejo de Estado.

«La creación de archivos de contacto por representantes de intereses con fines de lobby no es, en sí misma, ilegal», explica el Cnil. «En cambio, en este expediente sólo pueden figurar personas que razonablemente puedan esperar, por su notoriedad o su actividad, ser objeto de contactos del sector”.

También es necesario que «los datos introducidos en el fichero hayan sido recogidos legalmente y que las personas estén informadas de la existencia del fichero, para que puedan ejercer sus derechos, en particular su derecho de oposición».

Quejas y disculpas

“La información es un derecho esencial que condiciona el ejercicio de otros derechos (derechos de acceso, oposición, supresión, etc.) de los que se benefician las personas: en este caso, llevan varios años impedidos de hacerlo”, insiste la CNIL, que también constató un incumplimiento de la obligación de regular el tratamiento de datos realizado por subcontratistas.

Tras el escándalo, el químico alemán Bayer, propietario de la estadounidense Monsanto desde 2018, había pedido disculpas y puesto fin «hasta nuevo aviso» a su colaboración en materia de comunicación con la agencia Fleishman Hillard, que había establecido estos expedientes.

También se comprometió a contactar con las personalidades presentes en estas listas, mientras que varios medios (incluidos Le Monde, France Télévisions, Radio France, Le Parisien y Agence France-Presse), ONG y el partido ecologista EELV habían anunciado tras las revelaciones que se habían quedado en manos de la Cnil y/o la justicia francesa.

Este último había anunciado la apertura de una investigación sobre las sospechas de presentación ilegal que apunta en particular al responsable de «recopilación de datos personales por medios fraudulentos, injustos o ilegales».

En mayo, la Comisión Europea dio a Francia luz verde para un crédito fiscal para los agricultores que decidan abandonar el uso de herbicidas a base de glifosato.

En Estados Unidos, Bayer firmó en junio de 2020 un acuerdo por valor de más de 10.000 millones de dólares para poner fin a unas 125.000 denuncias contra su emblemático y muy controvertido herbicida Round’Up, un acuerdo rechazado parcialmente el pasado mes de mayo por la justicia estadounidense.

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