Fuente: Minghui.org

El Senado Estatal de Pensilvania introdujo la Resolución 98 el 5 de mayo contra la sustracción de órganos cometida por el partido comunista chino (PCCh). El senador estatal Vincent Hughes es el principal patrocinador de esta resolución.

Resolución 98 del Estado de Pensilvania.

El senador estatal Vincent Hughes que representa el 7.º Distrito.

A continuación el texto de la resolución:

RESOLUCIÓN

Alentando a la comunidad médica de esta Commonwealth para ayudar a crear conciencia de las prácticas de trasplante de órganos no éticas en China.

CONSIDERANDO que Falun Gong es una práctica espiritual con valores clave de verdad, compasión y tolerancia para lograr el bienestar físico y espiritual a través del ejercicio y la meditación; y

CONSIDERANDO que, desde julio de 1999, los practicantes de Falun Gong han sido perseguidos por el partido comunista chino, como han documentado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y muchas otras organizaciones gubernamentales y de terceros; y

CONSIDERANDO que la persecución a los practicantes de Falun Gong implica el uso generalizado de la tortura, el trabajo forzado, el lavado de cerebro y otros abusos en campos de reeducación extralegal, centros de detención y prisiones; y

CONSIDERANDO que los prisioneros son obligados a someterse a exámenes médicos, análisis de sangre, análisis de orina y radiografías, a pesar de haber sido torturados; y

CONSIDERANDO que el sistema de trasplante de órganos en China no cumple con el requisito de la Organización Mundial de la Salud de transparencia y seguimiento en las vías de obtención de órganos, y que la república popular china ha impedido la inspección, el escrutinio y la verificación independientes o imparciales del sistema de trasplantes; y

CONSIDERANDO que la república popular china aplicó en 1984 una normativa que permitía la sustracción de órganos de presos ejecutados; y

CONSIDERANDO que el ex viceministro de sanidad, Huang Jiefu, admitió públicamente que más del 90% de los órganos para trasplantes extraídos de donantes fallecidos procedían de presos ejecutados en China; y

CONSIDERANDO que los órganos fueron sustraídos a la fuerza a practicantes de Falun Gong en centros de detención y prisiones sin el consentimiento voluntario e informado; y

CONSIDERANDO que se estima que desde 1999, más de un millón de practicantes de Falun Gong han sido detenidos y que aproximadamente 65.000 practicantes de Falun Gong han sido asesinados para obtener sus órganos; y

CONSIDERANDO que los hospitales reciben órganos de estas prisiones y que los órganos sustraídos se utilizan para trasplantes; y

CONSIDERANDO que los receptores de estos trasplantes son chinos o personas del extranjero, incluidos ciudadanos estadounidenses; y

CONSIDERANDO que el gobierno de la república popular china sigue negando los informes de que muchos órganos se sustraen sin el consentimiento de los presos, pero impide la verificación independiente de su sistema de trasplantes; y

CONSIDERANDO que, en junio de 2001, el médico chino Wang Guoqi declaró ante el subcomité de relaciones internacionales y derechos humanos de la cámara de representantes de los Estados Unidos que los hospitales trabajan en connivencia con los organismos de seguridad del estado para sustraer órganos a presos ejecutados sin el consentimiento escrito de los donantes de órganos y que estos trasplantes eran una lucrativa fuente de ingresos; y

CONSIDERANDO que el departamento de estado de los Estados Unidos, en sus informes por países sobre prácticas de derechos humanos de 2011, declaró: «Los medios de comunicación y los grupos de defensa nacionales y extranjeros siguieron informando de casos de sustracción de órganos, en particular a practicantes de Falun Gong y uigures»; y

CONSIDERANDO que, en mayo de 2012, la Organización Mundial para Investigar la Persecución a Falun Gong publicó transcripciones telefónicas y grabaciones de audio de conversaciones entre investigadores encubiertos y altos funcionarios del partido comunista chino, en las que varios funcionarios indicaron que las autoridades centrales estaban al tanto o participaban en la sustracción de órganos a prisioneros de Falun Gong; y

CONSIDERANDO que el consentimiento voluntario e informado es la condición previa para la donación ética de órganos y que las organizaciones médicas internacionales afirman que los presos privados de libertad no están en condiciones de dar su consentimiento; y

CONSIDERANDO que la república popular china no ha derogado oficialmente las disposiciones aplicadas en 1984 que permiten la sustracción de órganos de presos ejecutados, por lo que el uso de órganos de presos ejecutados sigue siendo legal; y

CONSIDERANDO que el número de transplantes oficialmente comunicado en China se triplicó en todo el país entre 1999 y 2004, paralelamente al inicio de la persecución a Falun Gong; y

CONSIDERANDO que el actual copresidente del comité de órganos humanos y trasplantes de la comisión nacional de salud y planificación familiar, el Dr. Huang Jiefu, afirmó que China dejaría de abastecerse de órganos de presos ejecutados el 1 de enero de 2015, pero ningún organismo oficial de la república popular china ha hecho esta declaración ni la afirmación de Huang ha sido verificada por investigadores independientes; y

CONSIDERANDO que los funcionarios chinos han reclasificado a los presos del corredor de la muerte como «ciudadanos ordinarios» con derecho a donar sus órganos, aunque el uso de órganos de presos para trasplantes está específicamente prohibido por las organizaciones médicas internacionales; y

CONSIDERANDO que, en mayo de 2016, Huang Jiefu anunció a través de los medios de comunicación estatales que China aumentará el número de centros de trasplante de 169 a 300 en los próximos cinco años; y

CONSIDERANDO que las últimas investigaciones estiman que la república popular china realiza cada año muchos más trasplantes de órganos de lo que indica su cifra oficial de 10.000, y más que cualquier otro país del mundo, a pesar de contar con pocos donantes voluntarios; y

CONSIDERANDO que las pruebas actualizadas estiman que en China se realizan anualmente entre 30.000 y 100.000 trasplantes sin fuentes de órganos identificadas; y

CONSIDERANDO que las pruebas actualizadas sugieren que hasta 1,5 millones de practicantes de Falun Gong pueden haber sido asesinados por sus órganos desde 2001; y

CONSIDERANDO que, en 2015, el informe anual de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos volvió a incluir a China en la lista de «países especialmente preocupantes», debido a las graves violaciones a los derechos humanos y a las prácticas ilegales de sustracción de órganos, afirmando que «los practicantes de Falun Gong encarcelados son un objetivo particular»; y

CONSIDERANDO que, en 2015 y 2016, la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China condenó las actuales prácticas de sustracción forzada de órganos poco éticas en China; y

CONSIDERANDO que, en junio de 2016, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la Resolución 343 de la Cámara de Representantes, en la que se expresaba la preocupación por la obtención de órganos por parte de China de presos de conciencia no consentidos, incluso de «un gran número de practicantes de Falun Gong y miembros de otros grupos religiosos y étnicos minoritarios»; y

CONSIDERANDO que la práctica de obtener órganos de prisioneros es una violación de las directrices éticas en medicina; y

CONSIDERANDO que el asesinato de prisioneros con el fin de vender sus órganos para trasplantes es una violación intolerable del derecho fundamental a la vida; por lo tanto, se

SE RESUELVE, que el Senado de Pensilvania haga un llamamiento al gobierno de la república popular de China para que ponga fin inmediatamente a la práctica de la sustracción forzada de órganos de todos los presos, en particular de los prisioneros de Falun Gong y de los miembros de otros grupos religiosos y étnicos minoritarios; y además

SE RESUELVE que el Senado de Pensilvania haga un llamamiento al gobierno de la república popular de China para que aumente la responsabilidad y la transparencia en el sistema de trasplante de órganos y castigue a los responsables de los abusos; y además

SE RESUELVE, que el Senado de Pensilvania exija al gobierno de los Estados Unidos que inicie una prohibición para que cada hospital universitario de los Estados Unidos forme a médicos chinos en cirugía de trasplantes hasta que la república popular de China facilite inspecciones independientes e imparciales de su infraestructura de trasplantes; y además

SE RESUELVE, que el Senado de Pensilvania sugiera que el gobierno de los Estados Unidos promulgue una legislación que prohíba a los ciudadanos de los Estados Unidos recibir órganos en el extranjero cuando el origen de los órganos no sea transparente y rastreable de acuerdo con las directrices aceptadas internacionalmente; y además

SE RESUELVE, que el Senado de Pensilvania inste al gobierno de los Estados Unidos a iniciar una investigación completa y transparente sobre las prácticas de trasplante de órganos en la república popular de China; y además

SE RESUELVE, que el Senado de Pensilvania exija al gobierno de los Estados Unidos que prohíba la entrada en los Estados Unidos a todos los médicos implicados en la obtención de órganos o en la cirugía de trasplante poco éticos que utilicen órganos sustraídos de prisioneros vivos en China; y además

SE RESUELVE, que el Senado de Pensilvania solicite a la comunidad médica de esta Commonwealth que advierta a los pacientes de que no deben viajar a China para obtener órganos; y además

SE RESUELVE, que el Senado de Pensilvania anime a la comunidad médica de esta Commonwealth a ayudar a concienciar sobre las prácticas poco éticas de trasplante de órganos en China; y además

SE RESUELVE, que se transmitan copias de esta Resolución al Presidente de los Estados Unidos, a la Vicepresidente de los Estados Unidos y al Secretario de Estado de los Estados Unidos y a cada miembro del Congreso de Pensilvania.

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