Fuente: gaceta.es

Los líderes parlamentarios del partido Comunes (FARC) aceptaron el viernes la responsabilidad de miles de secuestros y tomas de rehenes cometidos durante la participación del grupo en el largo conflicto interno de Colombia.

Según los términos del acuerdo de paz, los miembros del grupo deben proporcionar información al tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los delitos cometidos durante el conflicto, incluidos asesinatos, secuestros, violencia sexual y desplazamientos, entre otros.

Las FARC admitieron la culpa “asumiendo claramente la responsabilidad por los secuestros ocurridos y haciendo también un reconocimiento explícito del sufrimiento infligido de manera injustificable a las víctimas (…), a sus familias, a sus amigos y por supuesto también el daño que esto causó al conjunto de la sociedad colombiana”, dijo Carlos Antonio Lozada, de Comunes, en una rueda de prensa virtual.

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Las personas secuestradas por miembros de las FARC tuvieron que enfrentar condiciones “precarias y difíciles”, admitió Lozada, quien ocupa un escaño en el Senado garantizado por el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos.

Entre 1990 y 2015, unas 21.396 personas fueron secuestradas o tomadas como rehenes por las FARC, según cifras de la JEP.

Los comentarios se produjeron junto con la respuesta oficial del grupo a la JEP, que en enero acusó a ocho líderes de las FARC de tener responsabilidad por crímenes de guerra relacionados con secuestros.

La política de las FARC era tomar rehenes para recaudar fondos a través del rescate, presionar al Gobierno para realizar intercambios de rehenes, controlar el territorio y obtener ventajas al capturar a miembros de las fuerzas de seguridad, explicó Lozada.

Algunas víctimas de secuestro sufrieron violencia sexual a manos de los captores de las FARC, reconoció Lozada, aunque dijo que el maltrato estaba oficialmente prohibido.

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El grupo continuará brindando información para ayudar a encontrar los restos de los rehenes que murieron durante su cautiverio, aseguró Lozada.

Los exrebeldes que brindan información completa sobre los crímenes al tribunal pueden eventualmente enfrentar restricciones a su libertad de entre cinco y ocho años.

Aquellos que no lo hagan o mientan podrían ser condenados a prisión por hasta 20 años.

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