La reciente suspensión de la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado una vez más que la multinacional del pajarito azul no es una plataforma global de participación social gobernada por un conjunto de complejos y anónimos algoritmos sino una gigantesca empresa de editar, difundir, potenciar y suprimir informaciones y opiniones, destacando los contenidos más próximas a su ideología neocomunista y censurando el pensamiento conservador.

Hace unos meses, un jaqueo a Twitter demostró que la plataforma de microblogueo utiliza un conjunto de herramientas puestas a disposición de sus editores para que éstos puedan ocultar ciertas cuentas y evitar que ciertos temas adquieran relevancia o lleguen a ser tendencia cuando no se ajustan a la agenda ideológica izquierdista de la compañía. Según explicaron entonces diversos analistas, el jaquer que comprometió la seguridad de Twitter lo hizo pirateando la cuenta de un editor de la red que tenía acceso a cualquier otra cuenta de Twitter a través de un panel de adminstración de usuarios en el que, además, se contemplan diversos botones para crear “listas negras” (‘Blacklist’) de búsquedas, contenidos y tendencias. (Observar fotografía a continuación)

 

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El hecho de que los editores de Twitter tengan a su disposición herramientas para censurar determinados contenidos y potenciar otros, es sumamente relevante desde un punto de vista político y judicial, ya que, tal y como ha reiterado en diversas ocasiones el propio Donald Trump, demuestra que cuando Twitter impide la difusión de la publicación de un usuario están comportándose del mismo modo en que lo hace un periódico cuando se niega a publicar el artículo de alguien, cuando una emisora de radio rehusa a poner el micrófono al lado de determinado individuo o cuando una cadena televisiva prohíbe determinados mensajes en sus emisiones. Actúa como un medio de comunicación y, por lo tanto, debe hacerse también responsable de todo lo que se publica en su red. Es decir, si Twitter, como compañía privada, desea censurar, también debe hacerse responsable de lo que no censura y publica. Si eres responsable de lo que censuras, eres responsable de lo que publicas; si eres responsable de cerrar la cuenta de un usuario, también eres responsable de las cuentas que mantienes abiertas. Es así de sencillo.

 

En este sentido, y solamente en los últimos años, Twitter sería responsable de decenas de miles de mensajes publicados con su consentimiento en los que, por ejemplo, miles de personas hacen apología de ETA, del terrorismo islámico, del estalisnismo, del comunismo, etc, así como de otras muchas acciones de tipo violento.

 

En Europa en general, y en España en particular, Twitter se ha aprovechado de esta dicotomía medio de comunicación / plataforma de comunicación, siendo unba cosa u otra según le interesara en cada momento. Es decir, Twitter es una simple plataforma de usuarios cuando afirma “no poder controlar” los vomitivos mensajes de odio lanzados un día sí y otra también por las tropas de asalto de diferentes totalitarismos (socialistas, comunistas e islamistas, fundamentalmente), pero sí es un “medio de comunicación” para censurar, por ejemplo, a Santiago Abascal o a Vox.

 

En Estados Unidos, las redes sociales o las plataformas que se construyen sobre las aportaciones de los usuarios, tienen una protección especial en el artículo 230 de la Communications Decency Act, que evita a las empresas de Internet de responsabilizarse de aquello que se publica en sus plataformas. Aprobada bajo el mandato de Bill Clinton, esta norma se promulgó con la idea de que servicios online con contenido generados por usuarios y que alumbraran en un determinado momento contenidos peligrosos (apología de la violencia, pornografía, racismo, etc.) pudieran evitar responsabilizarse jurídicamente de ellos al no ser considerados como medios de comunicación.

En Europa, sin esta protección legal, lo que Twitter y Facebook  han hecho, cuando han tenido necesidad de ello, es presentarse como empresas de telecomunicaciones que ponen a disposición de sus clientes determinadas herramientas para que éstos se comuniquen entre sí. De esta forma, afirman funcionar de una forma similar a como lo hace cualquier compañía de telefonía, que proporciona instrumentos para la comunicación, pero no es responsable de la utilización que las personas hacen de éstos. Por ello, estas compañías, para intervenir una línea, necesitan una orden judicial. Pero Twitter y Facebook, si actuaran así, tampoco podrían cerrar cuentas aleatoriamente y según su capricho.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que trata de limitar y poner coto a la impunidad de las redes sociales totalitarias y de algunos otros emporios de Internet (Google, Apple, etc.) a la hora de censurar contenidos en la Red. El mensaje del Presidente norteamericano, es claro: si las redes sociales o los agregadores continúan censurando contenidos, dejarán de tener la calificación de plataformas de usuarios para pasar a ser medios de comunicación, lo que, automáticamente, les convertirá en responsables penales sobre todo lo que publiquen.

 

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