El juez Fernando Presencia sigue sufriendo represalias por haber denunciado la presunta corrupción en el asunto del chalet del fiscal de Talavera, construcción que según diferentes sentencias debe ser demolido. El juez Fernando Presencia envió a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional pruebas, inéditas hasta ahora, que sustanciaban su denuncia sobre la existencia de una presunta trama de corrupción en los Juzgados de Talavera de la Reina.

Las mencionadas pruebas se referían a un supuesto pelotazo urbanístico en Pepino, localidad cercana a Talavera de la Reina, Toledo, el epicentro de la mencionada trama. En este pueblo es donde el fiscal decano de esa ciudad, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, tiene su chalet, construido en una zona ilegal, tal y como han reconocido diferentes sentencias. Dicho chalet es, según Presencia, consecuencia directa de ese pelotazo urbanístico.

En las pruebas aportadas se podía comprobar, según el juez Presencia, que la plica presentada como oferta la adjudicataria del concurso público «no se hizo en sobre lacrado, como exigía la convocatoria, sino en sobre abierto y dejando en blanco el espacio correspondiente, con la finalidad de amañar el concurso público». La cantidad que finalmente «refleja el documento fue rellenada luego ‘a mano’ por alguno de los funcionarios intervinientes en la mesa de licitación», afirma Presencia, quien también entregó a la UDEF el acta de la mesa de licitación «en la que no aparece la firma del tesorero, intentando con ello evitar las necesarias responsabilidades penales».

A raíz de esta denuncia la vida del juez Presencia se ha convertido en un verdadero calvario, tal y como ocurre con la gran mayoría de los denunciantes de corrupción.

El último paso dado para intentar la «muerte social» de este juez es el auto de apertura de juicio oral por la denuncia interpuesta por el fiscal de Talavera, el propietario del chalet construido ilegalmente en zona protegida, por denuncia falsa y por injurias, por la que le piden, además una pena de 8 años de cárcel, el pago de una fianza de 1.098.666 euros en el plazo de una audiencia «para asegurar las responsabilidades pecuniarias». En caso de no poder hacer frente al pago de esa cantidad, el juzgado procederá al embargo de bienes que, al ser tan desproporcionada la fianza, impediría que el juez Fernando Presencia pudiese recibir ningún tipo de salario durante toda su vida. Es decir, que se le provoca la «muerte social» a la que se aboca a todos los denunciantes de corrupción en España. Se trata de una fianza absolutamente desorbitada contra la que Presencia no podrá interponer ningún tipo de recurso. Es decir, que no le dan ningún margen de maniobra. ¿Se están conculcando los derechos fundamentales del juez que está denunciando la corrupción en la Justicia?

Intento de agresión

Tal y como informó Diario16, el juez Fernando Presencia sufrió un intento de agresión por, según la denuncia presentada por él mismo, los abogados del fiscal de Talavera. El juez se hallaba practicando deporte en las inmediaciones del puente de Castilla la Mancha de Talavera de la Reina y puso a la altura de una persona que se hallaba sentada en un banco y que le hacía fotos. Según la denuncia, Presencia reconoció a esta persona: Francisco Javier González de Rivera, uno de los abogados del Fiscal de Talavera.

Sin embargo, no era el único presente allí que tenía relación con los denunciados por Presencia ya que «en el otro carril de la calzada y a la misma altura se encontraba un vehículo con placas […] pertenece y conducido por Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, encontrándose en los asientos traseros el letrado Victoriano de la Cruz del Valle». Cuando Presencia se dio cuenta de que le estaban haciendo fotos, se detuvo, «momento en el que Francisco Javier se le ha encarado, llamándolo “delincuente”, a lo que [Presencia] le ha contestado que estaba cometiendo un delito contra la Administración de Justicia y que iba a llamar a la Policía», afirmaba la denuncia.

El juez cogió su teléfono móvil y, en ese instante, el abogado le acometió «mediante un puñetazo, cayendo el teléfono al suelo, intentando Francisco Javier pisarlo, iniciando un forcejeo entre ambos con el afán de recuperar el móvil». Cuando Presencia logra quitarse de encima al presunto agresor, éste se va corriendo al coche anteriormente descrito.

Fue en ese instante cuando Presencia pidió ayuda y paró a una ambulancia que no le puede socorrer puesto que llevaba las sirenas activadas porque debía llevar a un enfermo al hospital. El juez se dirigió entonces hacia el vehículo en el que se montó González de Rivera y realizó tres fotografías que ya han sido puestas a disposición de la Policía Nacional. Al llegar al vehículo «ha podido ver quién lo conducía y lo ocupaba».

Este hecho se produjo un día antes de que tanto el juez Presencia como Ángel Demetrio de la Cruz Andrade se vieran en los juzgados y muestra cómo los denunciantes de corrupción están totalmente desprotegidos ante las posibles represalias que puedan recibir por parte de los denunciados.

El Estado contra los denunciantes de corrupción



El juez Presencia es uno de los muchos denunciantes de corrupción que sufren las represalias de quienes conforman «el aparato corrupto del Estado».  El denunciante de corrupción en España no tiene el amparo de la Justicia sino, más bien, todo lo contrario. Entre los muchos testimonios expuestos en unas jornadas de alertadores de corrupción celebradas en el Parlamento Europeo, el teniente Luis Gonzalo Segura contó las irregularidades que se cometieron en los juicios por los que fue apartado del Ejército; el propio juez Fernando Presencia compartió cómo los que le denunciaron o condenaron fueron los que decidieron sobre su recurso de casación; la sargento de la Guardia Civil, María Serrano, cómo sus superiores la vejaron por sus denuncias de tráfico ilegal de productos pesqueros por parte de un subordinado.

En muchos casos, se quiere dar una apariencia de que todos estos atropellos se realizan en base a la legalidad. La realidad es que el denunciante de corrupción en España sufre las represalias y la reacción más dura, no de la gente a la que denunció, sino de todo el aparato de la institución que puede verse salpicada. «Es muy difícil cambiar comportamientos que son tan habituales que están institucionalizados», afirmó Luis Segura a Diario16.

Ese es el problema de España con la corrupción: está institucionalizada y quienes tienen el valor de denunciarlo se enfrentan a la ejecución más cruel del poder.

Los testimonios de estos denunciantes de corrupción pusieron encima de la mesa del Parlamento Europeo cómo, además del daño causado por quienes se encuentran dentro del aparato corrupto del Estado, se les inhabilita para poder desarrollar su vida. No sólo terminan con sus carreras, sino que impiden que puedan volver a iniciar una nueva vida. No se perdona a quienes tienen el valor de denunciar tipos de corrupción que están instalados dentro del sistema, sino que se les fustiga y sufren una represión constante que se convierte en un muro infranqueable, dejándolos en un limbo del que es muy complicado salir.

«Todo esto viene por las relaciones que todos ellos tienen entre sí. Coinciden en actos y eventos organizados por las instituciones en las que se desarrollan esos comportamientos corruptos. Hablan, comparten experiencias y, evidentemente, se protegen unos a otros», confirmó a Diario16 el sargento María Serrano.

Mientras tanto, son los denunciantes, las víctimas de la corrupción, quienes sufren en el presente y ven con tristeza cómo se les está arrebatando el futuro…, por cumplir con su deber.

El expediente Royuela saca a la luz el crimen organizado dentro de la justicia española

Pocos medios de la prensa nacional, y ninguno de los que tienen grandes audiencias, se han hecho eco del Expediente Royuela. La consigna de silencio es la norma. Aquí hay una excepción, una serie de artículos de Alfonso Campuzano en ´Cantabria Liberal´. El silencio de todos los periodistas (y políticos, juristas, intelectuales, opinadores) es, más allá de sospechoso, incomprensible e inexplicable. Por no hablar de la inacción de fiscales, de magistrados y de sus asociaciones. 

Después de haber estudiado un poquito el Expediente Royuela, háganse ustedes esta pregunta. ¿Por qué nada de esto aparece, ni por casualidad, en la prensa española y en el debate político español?

Como colofón, la suposición hecha realidad, cuando en abril de 2003, en el Juzgado núm. 1 de la Audiencia Nacional el magistrado  Fernando Grande-Malaska –actual ministro de Interior–, recibió las conexiones políticofinancieras y relaciones bancarias que unían a dos partidos políticos: HB (Herri Batasuna) y ERC (Esquerra Republicana de Cataluña) en el Lloyd Bank de Lyon, de París, de Londres. Sin embargo, la respuesta fue silencio administrativo. La familia Royuela intentó publicarlas en la revista Interviú, sin conseguirlo gracias a la mano alargada del ex fiscal José María Mena Álvarez, por lo que la documentación fue enviada a más de dos mil juzgados con acuse de recibo.

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