Entre los 150.000 policías franceses hay varias decenas de de musulmanes radicalizados, que un servicio especial intenta «detectar» y «neutralizar».

Francia descubrió a primeros del mes de octubre de 2019 que en el corazón policial del Estado, la Prefectura de París, trabajaba un funcionario, musulmán, fanatizado, autor de un espectacular atentado que costó la vida a tres policías y un funcionario administrativo, hiriendo gravemente a varias personas.

Se conocía la presencia de musulmanes «radicalizados» entre las fuerzas del orden. El atentado yihadista del 3 de octubre pasado, en la Prefectura de París, a 300 metros de la catedral de Notre Dame, puso en evidencia un riesgo muy mayor para la seguridad nacional: musulmanes integristas trabajando como funcionarios en el corazón del Estado.

Hace seis meses, la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN, la «policía de policías») reconoció que una veintena de los 45.000 funcionarios que trabajan en la Prefectura y sus muy distintos departamentos, en la región parisina, eran sospechosos de «radicalismo».

Siete meses más tarde, se sospecha que entre los 150.000 policías francesas hay varias decenas de infiltrados, yihadistas potenciales.

Infiltrados que, en muchos casos, pueden tener acceso a documentos, ficheros e informaciones sensibles para la seguridad nacional.

Oficialmente, los especialistas de la IGPN intentan rastrear huellas, indicios, de muy diversa índole: consulta indebida de archivos policiales; comportamientos sectarios; proselitismo de diversa naturaleza; frecuentación de lugares de culto…

Durante los últimos seis meses, varios sospechosos de radicalización han sido descubiertos, apartados o despedidos. El riesgo de fondo es muy simple y brutal: la existencia de musulmanes radicalizados que consiguen escapar a los controles y seguimiento en curso.

Yihadistas en las organismos británicos

En 2015 el entonces primer ministro británico, James Cameron, ordenó la elaboración de un informe sobre el alcance de la infiltración de yihadistas en la sociedad civil británica, incluyendo organismos como el sistema nacional de salud, el registro civil, colegios y organizaciones benéficas, con el objetivo de «asegurar que las instituciones británicas estén protegidas de la amenaza de los radicales».

Aunque no hay estimaciones sobre el número de posibles infiltrados, la investigación concluyó con un documento que planteaba una importante estrategia contra el extremismo.

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